Luego de verificar que sus votos no coinciden con los registros de las actas electorales, decenas de precandidatos comenzaron a acudir al Ministerio Público (MP) para denunciar que supuestamente les hicieron fraudes en las urnas.

Se trata de aspirantes a diputados y alcaldes de los tres partidos políticos en contienda el pasado 12 de marzo, quienes han mandado a sus apoderados legales a presentar las quejas a la Fiscalía contra Delitos Electorales por supuestos robo de votos, alteración de actas, pérdida de papeletas y falsificación de documentos entre otros.

Uno de los tantos abogados que se ha hecho presente al MP a presentar denuncia es el procesional del Derecho Carlos Raúl Chajtur, quien llegó en representación de tres precandidatos del Partido Libertad y Refundación (Libre) y uno del Partido Liberal.

“Tengo tres candidatos a diputados por Libre y un alcalde del Partido Liberal”, señaló al tiempo que se abstuvo de dar a conocer los nombres de sus representados porque el proceso legal aún no da inicio.

Así, agregó que “le pedimos al Tribual Supremo Electoral (TSE) que verifique la información que contienen las actas que se impugnen y se proceda a un escrutinio especial por si ha habido consignación incorrecta en los documentos”.

Se estima que en los últimos dos días se han presentado a denunciar ante el MP unos 14 precandidatos de Francisco Morazán, por sentirse perjudicados en el proceso electoral.

De su lado, el exfiscal del MP, Aldo Santos, manifestó que las personas que hayan cometido delitos electorales, podrían purgar de tres a diez años de cárcel de comprobárseles en la comisión de irregularidades.

“A partir de que se aprobó la nueva Ley Electoral el 2004 se establecieron varios tipos penales especiales relacionados con los temas electorales”, señaló.

Así, agregó que dentro de esas sanciones esta la falsificación de delitos electorales, castigados con una pena de reclusión de tres a diez años como una falsedad material o ideológica tal y como lo establece el Código Penal.

De otra manera, ese estamento tiene de uno a cuatro años de cárcel lo que se consideran en la Ley Electoral como un delito de coacción o amenazas electorales que consisten en retener la identidad a un ciudadano, no permitir la votación o coaccionarlo para que vote por determinado candidato y trasladar la urna de un lugar a otro.

La Fiscalía registró nueve delitos electorales el día de la votación, mismos que están en proceso de investigación para deducir responsabilidades criminales a quienes incurrieron en esas acciones ilegales.