LA TRIBUNA HN | El proyecto de ley contra el odio y la discriminación a través de las redes sociales e internet, penaliza a las empresas proveedoras de ese servicio con multas de 50,000 a un millón de lempiras, pero en ningún momento sanciona a los usuarios.
La iniciativa presentada el pasado jueves, en el hemiciclo de la Cámara Legislativa, por el diputado nacionalista de Santa Bárbara, Marcos Paz, ha provocado, reacciones a favor y en contra, en distintos sectores del país
El proyecto, que ya está en comisión de dictamen, se comenzará a aprobar en primer debate, esta semana, en el Congreso Nacional, y el mismo contempla la creación de una Comisión Nacional de Ciberseguridad, dentro de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad.
JORNADA DE SOCIALIZACIÓN
Esos detalles los explicaron diputados directivos del Congreso Nacional y autoridades de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), durante una jornada de socialización sobre la iniciativa, con directores de medios de comunicación.
La reunión sirvió para informar sobre los alcances de la ley para el control de las campañas y mensajes de odio y discriminación a través de redes sociales e internet, que comenzará a discutirse en el pleno, en la sesión de este martes.
Con el establecimiento de la Comisión Nacional de Ciberseguridad dentro de una estrategia nacional, se constituye un ente para recibir las quejas de personas naturales y jurídicas que se han visto afectadas por la clonación de páginas web o por campañas de odio y discriminación, según se explicó.
Se aseguró que la iniciativa está orientada a proteger a las personas que por sus preferencias políticas, étnicas, religiosas, de género y orientación sexual, son víctimas de ataques, muchos de ellos de forma anónima, en las redes sociales.
En la socialización de dicha normativa participó el secretario del Congreso Nacional, José Tomás Zambrano Molina; el diputado proyectista, Marcos Paz Sabillón, congresista del Partido Nacional por Santa Bárbara; los diputados miembros de la comisión de dictamen, Gerardo Martínez y Johana Bermúdez; la gerente legislativa Karen Motiño y el representante de Conatel, Alejandro Rosales.
