LA TRIBUNA | Un incremento salarial de tres mil millones de lempiras para los maestros, como se plantea hacer desde el Congreso Nacional, impactaría elevando los beneficios colaterales del Estatuto del Docente, según un análisis preliminar de la Secretaría de Finanzas (Sefin).

Además, habría que modificar algunas partidas prioritarias y otros sectores como recién nombrada comisión para modernizar el sistema educativo, tendrían que pronunciarse al respecto.

La reacción surge luego que al Congreso Nacional llegó la semana pasada, una petición de esta magnitud por la vía de consulta ciudadana, en vista que los maestros llevan nueve años sin que sus salarios sean ajustados en la medida en que se ha encarecido la vida.

En tal sentido, la ministra de Finanzas, Rocío Tábora explicó que “en el anteproyecto de Presupuesto no va contemplado un aumento. Se les dieron mil ochocientos lempiras, igual que el Servicio Civil”. Recordó que el 2016 les aumentaron 800 y mil lempiras en el 2017.

“La solicitud que están presentando yo no la miro viable, lamentablemente. Son 3,000 millones, para cerca de 64 mil maestros”. Reveló que la semana anterior “hicimos un cálculo rápido con la gente de presupuesto y como esto impacta en los colaterales y otros beneficios que el Estatuto les brinda a ellos, serían como 2,800 a 3,000 millones de lempiras el impacto de un incremento de este tipo”.

De ser aprobado un incremento para el próximo año, obligaría a la Sefin y al Gabinete Económico a modificar las cifras del anteproyecto de presupuesto y “habría que cortar a inversión pública para poder cumplirse con eso”.

Además, dijo que “sería mucho más difícil darle sostenibilidad a un incremento de este tipo”, al tiempo de resonar que de establecerse un ajuste salarial, la comisión presidencial para atender la problemática educativa tendrá que dar una opinión al respecto.

En este sentido, la funcionaria recapituló que “quisiera tener esos 2,800 millones, pero no es posible”. De acuerdo al Estatuto del Docente, los incrementos por colaterales son por zonaje o maestros que trabajan en las fronteras.

También se aplican por crecimiento vegetativo o cantidad de niños que entran al sistema escolar cada año, por profesionalización y quinquenios o aumentos cada cinco años. Sin embargo, los mentores se quejan porque estos beneficios dejaron de ser efectivos, al ser marginados por Ley Fundamental de Educación que entró en vigencia el año pasado. (JB)