Bajo fuertes medidas de seguridad fueron trasladados ayer miércoles, 755 privados de libertad de la cárcel de San Pedro Sula, quienes en su mayoría forman parte de la pandilla la 18 y la Mara Salvatrucha 13 (MS-13), hacia la cárcel denominada “El Pozo”, que funciona en Ilama, Santa Bárbara.
La Operación “Arpía” comenzó a tempranas horas, pues unos tres mil efectivos de las policías Nacional y Militar se desplazaron a los alrededores del presidio, para evitar una posible tragedia.
El despliegue policial alarmó a los vecinos, así como a comerciantes que tienen sus negocios cerca del penal, pues no pudieron abrir los mismos.
Al enterarse que miembros de la 18 y la MS-13 serían trasladados a la cárcel de máxima seguridad en Ilama, sus parientes y conocidos comenzaron a llegar, quejándose, porque ahora no podrán visitarlos.
Minutos antes de las 10:00 de la mañana, comenzaron a movilizarse los convoyes de la Policía Militar en los que eran transportados los reos, en su mayoría líderes de las referidas estructuras criminales.
Los vehículos militares salieron a la 33 calle, resguardados por grupos de efectivos que iban armados “hasta los dientes”, los cuales viajaban en patrullas para evitar que los presos pretendieran darse a la fuga o que otros integrantes de esos grupos delictivos trataran de evitar el traslado.
De igual manera, la seguridad se dio por aire, ya que un helicóptero sobrevoló durante el trayecto de San Pedro Sula a Ilama, pero también los uniformados permanecieron en las carreteras por donde pasó la caravana.
Cuando los convoyes transitaban por Villanueva, Cortés, uno de los pandilleros sufrió una convulsión, lo que obligó al resto de los vehículos a detenerse para auxiliarlo, siendo trasladado a un centro asistencial.
HISTÓRICO TRASLADO
Las autoridades dieron a conocer que se logró el traslado de 496 miembros de la pandilla la 18, al igual que 105 de la MS-13 y otros que son considerados presos de alta peligrosidad, pero que no forman parte de ninguna de esas estructuras.
Calificaron el traslado como un hecho histórico, tomando en cuenta que el centro penal sampedrano tiene capacidad para 800 reos, pero que actualmente albergaba 3 mil 227.
En un informe proporcionado por autoridades de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), se establece que desde ese penal se planificaban asesinatos y se daba órdenes para que se ejecutaran crímenes de impacto, entre otros delitos.
“Honduras comienza a cerrar hoy las oscuras páginas de un libro que se escribió con sangre, violencia y corrupción en el centro penal sampedrano. Hacinamiento, venta de drogas, tráfico de armas, violencia, órdenes para ejecutar masacres, secuestros y extorsiones son solo parte de la podredumbre que ha estado a la orden en uno de los recintos penitenciarios más poblados del país”, reza el documento.
El mismo informe establece que los traslados de los reos de alta peligrosidad son parte del reordenamiento del sistema penitenciario, impulsado por el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández.
“El hacinamiento y la falta de medidas de seguridad hacen además de este recinto (penal sampedrano) una verdadera bomba de tiempo. Asimismo, el reducido espacio y la sobrepoblación impiden que se puedan ejecutar procesos de rehabilitación en cumplimiento a lo establecido en la Ley del Sistema Penitenciario”.
Apunta que, “esta cárcel ha sido sinónimo de autogobierno, asesinatos, tráfico y consumo de drogas, entre otros ilícitos. Eran los miembros de maras y pandillas quienes establecían las reglas a cumplir y el que no se sometía era asesinado. Los reos han tenido acceso a telefonía celular, armas y hasta explosivos que han sido decomisados en constantes operativos”.
Según el mismo documento, existen denuncias que los custodios cumplen órdenes de los cabecillas de maras y pandillas que les piden ingresar armas, drogas, alcohol y hasta mujeres, algunas de ellas menores de edad que se quedan durmiendo en la cárcel.
