LA TRIBUNA HN | En los últimos cuatro años el sector privado hondureño calcula que, por el 1.5 por ciento de Impuesto sobre la Renta (ISR), las empresas, desde pequeñas, medianas y grandes, han pagado aproximadamente diez mil millones de lempiras al gobierno.
Empezó como una figura antievasión, de forma temporal, pero se quedó con la derogación del Artículo 22-A de la Ley del ISR, aprobada bajo Decreto 278-2013 que fue la base del “paquetazo fiscal”, que permitió sanear las finanzas públicas.
Datos del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales (CIES) del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), documentan pagos anuales promedio de las empresas a la administración tributaria de entre 2,500 a 3,000 millones de lempiras.
DESTITUCIÓN Y RECHAZO
Con el 1.5 por ciento se gravan los ingresos brutos de las unidades productivas con ventas mayores a diez millones de lempiras por año, entró de a poco al irrumpir después el 2010 con un aporte del 1.0 por ciento.
Dos años después, la Asociación Nacional de Industriales (Andi) metió un recurso de inconstitucionalidad que surtió efectos positivos, antes que fueran destituidos los cinco magistrados que conformaban la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CJS).
El 2014, el departamento Legal del Cohep intentó quitarse este cobro, introduciendo un recurso igual al que metió la Andi, pero recibió el rechazo de los magistrados de ese momento que denegaron lo solicitado.
La eliminación de este tributo fue una de las promesas en la última campaña electoral, que terminó con una elección general que sumió al país en una nueva crisis política con efectos sobre el aparato productivo.
El tema cobra fuerza porque la cúpula empresarial pide la derogación -y no la revisión, como promete el Poder Ejecutivo- de ese impuesto antievasión. Sin embargo, Finanzas cuenta con estos ingresos al quedar establecido así en el Presupuesto General de la República 2018.
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