LA TRIBUNA | La derogación del artículo 335-B del Código Penal, mejor conocido como “Ley Mordaza”, fue publicada hoy en el diario oficial La Gaceta, luego que el Poder Ejecutivo la sancionara.
El titular del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, prometió durante la celebración del Día del Periodista que presentaría en el pleno de la cámara legislativa, un proyecto de decreto para derogar el literal del artículo 335 B del Código Penal, lo cual cumplió.
El secretario de la presidencia, Ebal Díaz, informó ayer miércoles que el presidente Juan Orlando Hernández, sancionó sin objeciones el decreto que deroga el artículo 335-B y que hoy fue publicado en La Gaceta.
Varios sectores y el propio Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) encabezaron una lucha férrea para que el artículo fuera derogado, por considerar que limita la libertad de expresión.
El Congreso Nacional aprobó el pasado 5 de junio el decreto que deroga el artículo 335-B, el cual había sido aprobado en febrero de 2017.
El artículo 335-B señalaba que “quien públicamente o a través de medios de comunicación o difusión destinados al público hiciere apología, enaltecimiento o justificación del delito de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución o, incitare a otro u otros a cometer terrorismo o financiamiento de éste, debe ser sancionado con pena de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión”.
Como se recordará, en la sesión legislativa del 2 de abril de 2017, el entonces jefe de bancada del Partido Nacional, Óscar Álvarez, sorprendió a los periodistas que cubren la cámara legislativa, al presentar una reconsideración al acta anterior para presentar, como iniciativa un agregado a las reformas al Código Penal que se aprobaron para endurecer las penas contra la extorsión.
El agregado que introdujo Álvarez, en la reconsideración del acta, fue de manera puntual al artículo 335 literal B, más conocido ahora como “Artículo Bozal”.
“Quienes públicamente o a través de medios comunicación hicieren apología del delito de terrorismo o incitaren a cometer delito de terrorismo, serán penados con cuatro y hasta ocho años de cárcel”, tipifica el agregado del artículo 335 B del Código Penal vigente, que incluyó en las reformas penales el exjefe de la bancada nacionalista.
Esa reforma de inmediato tuvo el rechazo de la inmensa mayoría de los sectores de la sociedad hondureña, sobre todo del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), el que, a través de su junta directiva, que preside el periodista Dagoberto Rodríguez, han exigido de manera permanente la derogación de ese literal B del artículo 335 del Código Penal.
Al igual que los sectores de oposición política, presentaron recursos de inconstitucionalidad en contra del “artículo bozal”.
