LA TRIBUNA HN | La primera solicitud de requerimiento fiscal del año está formulada en contra el expresidente, Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), quien ha sido denunciando por los supuestos delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, por un monto que asciende a 25 millones de lempiras.
La acción investigativa también abarca al exministro administrador de la Casa Presidencial, Wilfredo Cerrato Durón, a quien le achacan violación a los deberes de funcionarios y malversación de caudales públicos, por haber cambiado de destino los fondos, en perjuicio de la administración pública.
La investigación se originó por una denuncia anónima, que llegó al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), en el pasado mes de mayo del 2017, por presuntos actos de corrupción en las secretarías de la Presidencia y Finanzas, en la ejecución de fondos que serían destinados para financiar programas de asistencia social en el 2013.
En la investigación se identificaron transacciones, de junio a noviembre del 2013, en el Patronato Nacional de la Infancia (Pani), la Secretaría de Finanzas y Casa Presidencial, por un monto de 310 millones, provenientes del Fondo de Cooperación Canadiense, que fueron movidos entre estas tres dependencias, a seis meses de concluir el período presidencial del exmandatario.
Obviamente, los 25 millones que según la investigación, habrían malversado el exmandatario y su administrador de Casa Presidencial, formaban parte de los recursos transferidos por el Pani a Finanzas y esta, finalmente a la administración general de Presidencia, a través de la Tesorería General de la República (TGR).
La malversación de caudales está fundamentada en que los recursos iban destinados a financiar obras sociales para personas vulnerables, pero se ejecutaron en apoyo a la seguridad presidencial, cuya responsabilidad constitucional es de la Guardia de Honor Presidencial.
TRANSFERENCIAS DEL PANI
Según la investigación, el Consejo Directivo del Pani, en la sesión del 29 de mayo del 2013, autorizó a la directora ejecutiva, Golda Janet Santos Cálix, a transferir 150 millones de lempiras, de los cuales 100 millones fueron destinados a la Presidencia para financiar el Programa Bono Diez Mil de la Secretaría de la Presidencia y 50 al Despacho de la Primera Dama para el programa Calzando y Uniformando a los Niños.
La investigación precisa que “los fondos no fueron ejecutados en primera instancia, sino que hasta en una acción posterior, donde se logró identificar que, mediante la resolución número 32-2013, del 28 de agosto del 2013, el Consejo Directivo del Pani se modifican las resoluciones 16-2013 y la 19-2013, con el objeto de cambiar la forma en que los fondos serían transmitidos para el uso de los despachos, de la Presidencia y la primera dama.
Invocando la transparencia y la seriedad procesal administrativa, se produce el cambio de destino de los recursos, los cuales fueron transferidos a Finanzas, a través de la Tesorería General de la República para la disponibilidad de la Casa Presidencial.
FONDOS DEL PANI CREAN CUENTA
La investigación detalla que mediante acuerdo ejecutivo número 516-2013, se argumenta que el Estado atraviesa una severa crisis financiera, que le impide cumplir con las obligaciones para atender recursos de ejecución de programas sociales, a beneficio de las personas vulnerables, y se crea la estructura presupuestaria con fondos del Pani.
Se trata de la línea presupuestaria número 0449, de la administración central, destinada a realizar transferencias de fondos de la Secretaría de Finanzas, por un monto de 150 millones de lempiras, para financiar programas de asistencia social de la Presidencia de la República.
En la firma del decreto ejecutivo compareció el ministro por ley de Finanzas, Carlos Manuel Borjas Castejón, quien según la investigación, emitió también el dictamen favorable de la secretaría sin el cual habría sido imposible hacer la modificación presupuestaria de los fondos.
Siguiendo la ruta de la transferencia, se realizó un depósito de 150 millones de lempiras, a la cuenta de ingresos 11101-02-000145-8 del Banco Central de Honduras, a nombre de la Tesorería General de la República, por medio de los cheques 25382 y 25383 por 75 millones de lempiras cada uno, concretando la transferencia de los recursos.
