San Salvador, 26 ago (EFE).- El titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Fernando López, dijo este lunes que el Gobierno de El Salvador debe de liderar la administración del agua y señaló que la empresa privada “no debe de participar en la gestión del recurso hídrico”.
Diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa estudian un anteproyecto de ley general de aguas, sin embargo, el análisis no ha avanzado porque los parlamentarios de derecha apoyan la inclusión de empresarios del sector agropecuario e industrial en la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
A criterio del ministro de Medio Ambiente, dicha ley “tiene que tener su fundamento en tres premisas: el agua debe de ser vista como un derecho fundamental de los seres humanos, el Gobierno debe de ser el garante de este recursos hídrico y el sector privado (empresarios) no debe de participar en el ente rector del agua”.
“Si se parte de estas tres premisas tendremos una ley de aguas que beneficiará a todos los sectores”, agregó López.
Gustavo Amaya, un experto en temas de desarrollo y derechos humanos que dirige el Centro de Capacitación y Promoción de la Democracia (Cecade), señaló recientemente a Efe que el presidente Nayib Bukele debe poner especial atención en temas como “agua limpia y saneamiento” y “de acción por el clima”.
Los expertos prevén que el 80 % del país experimente estrés hídrico en 2022, situación que Bukele debe tratar de evitar y para ello necesita alcanzar un acuerdo en el Congreso para desentrampar la aprobación de una ley de aguas que urgen activistas y comunidades.
Según el último Índice de Riesgo Climático Global de la organización alemana Germanwatch, El Salvador se encuentra entre los 50 países más vulnerables del mundo por el cambio climático.
Las autoridades medioambientales señalan que uno de los principales efectos en el país es la escasez del agua por las fuertes sequías.
De acuerdo con la ONU, El Salvador tiene el mayor grado de deterioro ambiental en las Américas, después de Haití, con solo un 3 % de bosque natural intacto, con suelos arruinados por prácticas agrícolas inadecuadas y con más del 90 % de las aguas superficiales contaminadas.
