• LA TRIBUNA HN

Nacional | Comisión depuradora en un año ha realizado una agresiva limpieza de la Policía


La Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, cumplió un año de labores con importantes logros y enormes retos en la reforma del sistema de seguridad del país.

Desde que fueron juramentados como miembros de la Comisión Especial, los mismos han procedido a evaluar a 9,234 policías de diferentes niveles, de los cuales 3,919 fueron cancelados

Luego que los integrantes de esa instancia depuradora fueran juramentados por el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, el 12 de abril del año 2016, se ha impulsado una agresiva limpieza en los diferentes organismos de la Policía Nacional y se ha formulado una integral agenda de reformas institucionales.

Hace doce meses, el mandatario designó como miembros de la Comisión Especial al pastor Alberto Solórzano, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH); Omar Rivera, coordinador de incidencia política de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Capítulo de Transparencia Internacional en Honduras (TI); Vilma Morales, ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); y Julián Pacheco, Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, quien la preside.

La Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional fue creada mediante el Decreto Legislativo 21-2016, aprobado por el Congreso Nacional de la República, el que fue publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 8 de abril, para redinamizar la estancada profilaxis y modernización de la Policía Nacional.

El Decreto 21-2016 también declara emergencia nacional la depuración de la Policía Nacional y faculta a la Comisión, que durará un año, a separar a policías si no se reúnen los requisitos de idoneidad y confianza. Asimismo, el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Ejecutivo 29-2016, que le permite a la Comisión Especial y al Secretario de Seguridad, hacer una reestructuración en al andamiaje institucional de la Policía Nacional.

De acuerdo al decreto de emergencia aprobado por todas las facciones legislativas a inicios del mes de abril del presente año, la Comisión Especial en el proceso de depuración tiene las atribuciones 1) Determinar la idoneidad en el servicio como la confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad que debe poseer todo miembro de la carrera policial; 2) Implementar un mecanismo de seguimiento y supervisión de los procesos de los miembros de la Policía Nacional cancelados; 3) Remitir al Ministerio Público (MP) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), los expedientes de las personas canceladas por la supuesta comisión de un ilícito; y, 4) Rendir Informe cada 3 meses al Congreso Nacional, sobre los avances del proceso de depuración.

Del mismo modo, el Decreto Ejecutivo No. PCM-029-2016 del 11 de abril del 2016, aprobado por el Presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 12 de abril de 2016, autoriza a la Comisión Especial “para que proceda a la reestructuración inmediata de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, personal auxiliar y civil y de la Policía Nacional, ejecutando un proceso de reestructuración, cancelando los Acuerdos del Personal o de los miembros de la Carrera Policial conforme los requerimientos técnicos, profesionales y administrativos que requiera la Institución, así como de aquel miembro o personal que no cumpla con cualquiera de las condiciones establecidas en el Decreto Legislativo Número 21-2016, como en el presente Decreto”.

Recientemente, el Congreso Nacional de la República, mediante Decreto Legislativo 2-2017 del 22 de febrero de 2017, que fue publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 17 de marzo de 2017, extendió la vigencia de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, hasta el 20 de enero de 2018.

Desde que fueron juramentados como miembros de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, los mismos han procedido a evaluar a 9234 policías de diferentes niveles, de los cuales 9 pertenecen al rango de General, 48 son Comisionados, 109 Subcomisionados, 111 Comisarios, 155 Subcomisarios, 245 Inspectores, 505 Subinspectores, 245 Suboficiales, 7382 agentes de escala básica y 425 auxiliares.

De ese total de policías evaluados, 3919 fueron cancelados por diversas razones (reestructuración, justa causa / despido, disponibilidad, retiro voluntario y/o pensión por invalidez total y permanente), 15 están suspendidos, 11 todavía continúan en proceso de evaluación y 5289 fueron habilitados a continuar en el ejercicio de la función policial, sin menoscabo de ser permanentemente sometidos a procesos de evaluación de sus idoneidad y desempeño.

La mayoría de los oficiales cancelados, fueron excluidos de la estructura policial por la vía de la figura de la reestructuración, en función de la nueva estructura orgánica aprobada por la Comisión Especial que eliminó muchas unidades y cargos dentro del andamiaje institucional de la Policía Nacional, que según el criterio de los depuradores no “impactaban positivamente, ni eran relevantes”.

Según los miembros de la Comisión Especial, “cuando se cancela por reestructuración se deben indemnizar al policía cancelado, ya que no media causa justificada imputable al que se retira, sino que se excluye como consecuencia de un proceso de reingeniería en el cual ese agente u oficial no encaja; de acuerdo al último reporte suministrado por la Dirección Administrativa de la Secretaría de Seguridad, se han pagado en concepto de indemnizaciones, prestaciones laborales y derechos adquiridos, cerca de 500 millones de lempiras a los policías cancelados”.


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