Nacional | Poderes Ejecutivo y Legislativo rectificarán “bozal” impuesto a la prensa


El Congreso Nacional de Honduras y el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, se comprometieron en las últimas horas a rectificar el último inciso del artículo 335 que fue reformado el pasado miércoles por los diputados.

Lo anterior, luego que diferentes sectores de la sociedad calificaran esa reforma como un atentado a la libertad de prensa y la libre expresión, calificándola como una limitante al ejercicio del periodismo.

Incluso algunas organizaciones como el Colegio de Periodistas y C-Libre, le plantearon la inquietud al gobernante.

El artículo 335 del Código Penal es parte del paquete de reformas que fue aprobado por el Poder Legislativo a iniciativa del Presidente Juan Orlando Hernández, con el propósito de combatir la criminalidad en el país.

En ese artículo se establece: “cometen el delito de terrorismo quienes con fines políticos atentan contra la seguridad del Estado ejecutando cualquiera de los siguientes hechos” y tiene 10 enumerados, en los que se especifican las causas por las que se incurre en ese delito.

Durante la sesión del pasado martes se aprobaron los tres primeros artículos de las reformas penales y se agregó un nuevo enumerado al 335 que tipifica que cometen terrorismo quienes alteren gravemente la paz pública, aterrorice o intimide a la población o a parte de ella.

La totalidad de las reformas penales al final fueron aprobadas el pasado miércoles, pero antes de concluir el jefe de banca del Partido Nacional, Óscar Álvarez, presentó una reconsideración para agregar otro enumerado al 335.

La propuesta de Álvarez es aplicar penas que van de cuatro a ocho años de reclusión para quienes hagan apología o incitación de actos de terrorismo de forma pública empleando los medios de comunicación.

El nuevo inciso quedó de la siguiente manera: “Quien públicamente o a través de medios de comunicación o difusión destinados al público hiciere apología enalteciendo o justificando del delito de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución, o incitare a otro u otros a cometer terrorismo o financiamiento de este, será sancionado con pena de cuatro a ocho años de prisión”.

Precisamente ese último agregado fue el que generó polémica, debido a que es considerado un atentado contra el ejercicio del periodismo.


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